El camino recorrido desde la primera guerra mundial hasta la gran crisis ha sido, pues, favorable a la instalación de la gran que el 15 % de los establecimientos carecen de obreros, dentro tremo, los que ocupan más de 1000 son solamente 36, pero su señal está totalmente ocupada. La economía mundial había virado después de la primera guerra hacia la importación de industrias; el sistema de ventas de mercancías fabricadas en la metrópoli y luego los empréstitos del Estado y aun las inversiones en cierto tipo de empresa, no interpretan cabalmente la necesidad de exportar capitales en que se hallaban los grandes países industriales. La nueva manera consistía en exportar la industria a fin de incorporar a las ventajas emergentes de la exportación, las que resultaban de los jornales inferiores, de la ausencia de leyes sociales, de las mayores jornadas de trabajo, y de las superiores condiciones en que puede desenvolverse el gran capital si logra ejercer sobre el aparato estatal la gravitación que deriva de su cuantía.
El interés principal fincaba, pues, sobre la mano de obra. Hemos expresado que, durante el desarrollo de la primera guerra, la exportación de cereales y, en consecuencia, las extensiones de las áreas sembradas sufrieron las mermas consiguientes. Gran parte de las superficies empleadas se orientaron hacia la ganadería que ofrecía entonces mayores perspectivas. Pero la ganadería requiere, en igualdad de condiciones, menor mano de obra que la agricultura y esa circunstancia había ocasionado cesantías, primero, y luego un comienzo de evasión del campo hacia la ciudad, en donde, además de las ventajas derivadas de la vida colectiva, el trabajador rural cesante podía hallar trabajo y sustento. Este movimiento se acentuaba porque durante la segunda mitad de la década de los 1910, el país no solamente no recibía el acostumbrado aporte inmigratorio, sino que era un país de emigración. A causa de ello, la llamada de mano de obra desde el campo hacia la ciudad, fue más intensa. Ese desplazamientos puede medir en forma muy aproximada teniendo presente el número de pasajeros registrado en los medios de transporte de la ciudad de Buenos Aires; él había descendido desde 413 millones de pasajeros en 1913, hasta 380 en 1917, de ahí crecía hasta 440 millones, en 1919 y 520,en 1920 cuando aún no se había reiniciado la inmigración en la proporción habitual; lo propio ocurre con los servicios locales de los ferrocarriles; su tráfico desciende desde 43 millones en 1913, hasta 30 millones en 1917, y de ahí se eleva a 36 millones de pasajeros en 1919, y 43 millones en 1920. La primera rama, es decir, la de descenso, señala el periodo en que se produce la emigración; la segunda, la llegada de trabajadores del campo hacia la ciudad.
De haber podido realizarse ese movimiento en mayor escala, la economía argentina habría experimentado un salto cualitativo en sus realizaciones; el pasaje de la economía agropecuaria a la economía industrial habría surgido como consecuencia lógica de las condiciones creadas por la guerra. El hecho de referencia no estaba maduro sin embargo hacia 1920.El país no había resuelto, sino apenas esbozado, el problema del combustible. En materia de transportes y comunicaciones, su relativo atraso era también muy contradictorio; los ferrocarriles no constituían, por las diversas razones que hemos expuesto, un medio de comunicación apropiado para otro tipo de transporte que para el que había surgido. Es presumible que los sectores progresistas del país, entre los cuales, por supuesto, los que tenían alguna representación en los grupos gobernantes, abarcaran esta situación; no de otra manera puede interpretarse, primero, el propósito enunciado y comenzado a planear de electrificar el país mediante la captación de la energía de los saltos del Iguazú y del río Uruguay; segundo, en la tenacidad con que organizó y defendió de todas las acechanzas propias de la época, al petróleo que ya lograba, gracias a la producción de los pozos de Comodoro Rivadavia y Neuquén, alguna significación en la estadística del movimiento de combustibles; finalmente corresponde alinear en esta serie de hechos el muy auspicioso que significó la creación de la destilería de La Plata, que puso fin a la utilización del petróleo tal cual, él inició la de su industrialización. Las diversas leyes obreras dictadas durante esa decena: de jubilaciones, de jornada de trabajo, de accidentes del trabajo, de reglamentación del trabajo a domicilio, etc., indican palmariamente que los referidos sectores no permanecieron ajenos al fenómeno industrial que se realizaba en el país, y una de cuyas consecuencias era la presión de los organismos obreros. Pero los sectores apegados a las industrias agropecuarias no permanecieron a su vez inactivos. En su interés fundamental de clase, figuraba el hecho de evitar la evasión del campo; de detener el proceso de división social del trabajo, que significaba favorecer la alimentación de la industria, por la mano de obra del campo ya fin de detener ahí al mayor número, ideó y puso en práctica la ley 10.676. Es decir, transformó a los probables ciudadanos, a los presuntos obreros industriales, en propietarios, igualmente presuntos, de parcelas de tierra dentro de las condiciones y Îa ubicación a que hemos hecho referencia. La ley mencionada retuvo, pues, en el campo, a todos aquellos trabajadores y pequeños propietarios que estaban en condiciones de adquirir tierras; con ella pudo, pues, postergar el proceso de la transformación cualitativa de la economía argentina que se diseñaba con claros tonos como consecuencia de las condiciones creadas por la guerra.
El regreso al régimen de la ley 817 hizo el resto, no obstante que el decreto del 31 de diciembre de 1923 inicia las trabas que gradualmente conducirán a su virtual derogación hacia 1931.Pero cualesquiera que sean las condiciones que se impusieron a la inmigración a partir de aquel decreto, lo exacto es que el aporte de ella sirvió para permitir el desarrollo de la industria manteniendo la estructura agropecuaria que caracterizaba al país. El movimiento de urbanización del país no fue totalmente paralizado, desde luego, porque la inmigración ahora más que nunca permanecía en las ciudades y además porque, según es notorio, todo o casi todo el crecimiento vegetativo del campo prácticamente concurría a la ciudad. La verdad es que el progreso de la agricultura no asume dimensiones suficientes para absorber, proporcionándole trabajo, a la masa de campesinos que lo reclamaba cada año en mayor número. Durante esa decena de los 1920 los recursos a poner en juego para retener al trabajador agrícola en el campo no eran muy variados; la mecanización de las tareas agrarias no había progresado suficientemente como para neutralizar la evasión en la medida en que la provocaba la industria; ella no estaba tampoco muy dentro de las costumbres del campesino de entonces; el país no disponía del factor esencial, el combustible, en la proporción que hubiera sido menester; por lo demás, la mecanización no era ni continua siendo, un recurso apto para la economía privada. Como resorte supremo e inmediato en esa época, no quedaba más que el de retener a los campesinos mediante la posibilidad de acordarse la propiedad de la tierra en que trabajaban y el de oponerse tenazmente al desenvolvimiento de la industria.
Es evidente que no debió renunciar a los recursos permanentes, porque la verdad es que en cuanto el mecanismo de la ley comenzó a funcionar, los proyectos de electrificación que acordaban a sus propulsores un verdadero carácter progresista, fueron abandonados y, si acaso, polarizados los esfuerzos por la obtención de energía, alrededor del petróleo. La trascendencia de esta renuncia consiste en que cuando posteriormente a la gran crisis se planteó al país el mismo problema de la evasión del campo, la fabricación de electricidad en masa era ya actividad propia del sector privado. Las grandes usinas instaladas en la Capital Federal impulsarían el proceso de concentración de la industria y realizará todos los esfuerzos a su alcance para evitar la producción similar en otros sitios del país. Como por lo demás, y simultáneamente, el Estado argentino se ataba de manos mediante acuerdos referentes a la producción y distribución del petróleo, es comprensible que no quedara a la clase gobernante otro recurso para resolver la crisis agraria que los préstamos de dinero; la ley de crédito agrícola N° 11.684, fue nuevamente un recurso supremo y de resultados inmediatos intentado para mantener la estructura agraria de la Argentina.