El tema de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales es uno de los que más preocupan a los países subdesarrollados desde el momento en que empezaron a tomar razón de su situación de dependencia en que, en mayor o menor medida, se encuentra sometida buena parte de ellos. Los efectos de esa dependencia pueden seguir siendo vigentes o bien vincularse al pasado a través de las estructuras económicas desequilibradas por el peso de esa herencia histórica. Es un hecho positivo que numerosos países del Tercer Mundo, que han alcanzado no hace mucho su independencia política siguen soportando los efectos derivados del hecho de que la explotación de sus recursos, en muchos casos, depende de centros de decisión que están fuera de sus fronteras, aunque dichas decisiones tengan ejecución a través de empresas multinacionales radicadas en dichos países. Se trata de una especie de neocolonialismo que se ejercita a través de la explotación, por parte de esas empresas, de recursos naturales minerales, productos agrícolas, forestales o pesqueros de países concesionarios de derechos sobre los mismos y por los cuales reciben una mínima parte del valor en forma de regalías. Esta situación, que se prolonga desde hace por lo menos dos siglos, con el comienzo de la etapa del liberalismo económico, significa que los países desarrollados las superpotencias de hoy han estado gastando sin control los recursos de los países de la periferia, con la sola compensación del pago de un derecho a todas luces injustamente establecida.
Es así como, al producirse la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII, el mundo se divide, en lo económico, en dos campos: el de los países industriales, importadores de materias primas y alimentos y exportadores de manufacturas, y el de los países de economía primaria, abastecedores masivos de esos productos, sin siquiera tener el privilegio de ser genuinamente ellos los vendedores o, por lo menos, quienes fijaran los precios (ejemplo: cueros crudos, en lugar de curtidos o elaborados; semillas oleaginosas, en lugar de aceites, etc.). Un simple análisis de las cifras más recientes nos demuestra que a principios del decenio 1971-1980, los países del Tercer Mundo exportaron más del 80 por ciento de su producción de minerales para abastecer el déficit de los países desarrollados, cuyo valor se estima en más de 5.000 millones de dólares. Buena parte de esas exportaciones, y en varios casos la totalidad, proviene de empresas transnacionales, lo cual significa que el ingreso neto de divisas para el país exportador es muy inferior al valor real de lo vendido. Tal el caso de los frigoríficos extranjeros; de la producción frutícola, azucarera, cafetalera, cauchera, etc., bajo forma de verdaderas factorías transnacionales, que son en muchos casos propietarias de la tierra. Esa situación que se perpetúa, y en muchos casos se agrava, ha determinado a los países en desarrollo a adoptar una firme posición en toda oportunidad que se presenta en reuniones internacionales para exigir del resto del mundo el pleno reconocimiento de los derechos de los Estados sobre sus recursos naturales, lo cual supone la facultad de disponer libremente de ellos y decidir acerca del destino que deseen darle.
Esta posición fue expresamente incluida en la Declaración de Principios y Plan de Acción para un Nuevo Orden Económico Internacional aprobada por la VI Asamblea General Extraordinaria de la; Naciones Unidas en 1974, así como en la Declaración y Plan de Acción Mundial para el Desarrollo Industrial aprobados en la II Conferencia General de la ONUDI’ en Lima, en marzo de 1975, y en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados aprobada por la XXIX Asamblea General de las Naciones Unidas también en 1975. La Argentina, que participó de todas estas conferencias, dio en todos los casos su apoyo a la tesis de la soberanía permanente sobre los recursos naturales de cada país. Asimismo, dejó sentada su posición sobre el caso especial de los recursos naturales compartidos por dos o más países, que oportunamente dio origen a una resolución de la Asamblea General votada por abrumadora mayoría, estableciendo el sistema de consultas previas al que tendrán que someterse los Estados que se dispongan a explotar en su territorio un recurso que, por su naturaleza, sea compartido por un país vecino. Dicho sistema tiene la finalidad de no causarle perjuicio al país vecino. Este problema, que puede presentarse en muchos casos entre naciones limítrofes, se da en nuestro país con relación al aprovechamiento del río Paraná (de curso consecutivo) por parte de Brasil que podría causar graves alteraciones al curso de dicho río en el sector argentino. La medida establece principios que son de interés para toda la comunidad internacional, es decir que “el derecho de desarrollo de un Estado no debe afectar el derecho idéntico de otro Estado”.
Esa perspectiva, que amenaza la existencia misma de naciones supe industrializadas, o por lo menos puede obligarlas a frenar su propio desarrollo, es hoy motivo de intensa preocupación de parte de gobernantes e investigadores en todos los campos implicados de la ciencia y la tecnología, así como de conocidos futurólogos, tanto los pesimistas como los que vislumbran soluciones. Sin embargo y eso es lo que corresponde subrayar “las sugerencias de dar marcha atrás a la industrialización o detener voluntariamente las tendencias de crecimiento demográfico y económico no son agradables para los que pertenecen a las partes del mundo que están empezando ahora a industrializarse, a fin de salir de la pobreza’, como lo afirman algunos de los consultores que colaboraron en la preparación de un informe para la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano. El problema reside en la diversidad geográfica que desemboca en una desequilibrada distribución de los recursos que estimamos todavía abundantes y, en muchos casos, sustituibles.