Pero como ella surgía habitualmente por diferencia entre los gastos y los ingresos, se conectaba por ambos términos a la proyección social de la clase gobernante. Los gastos se vinculan por supuesto de manera estrecha con los compromisos de aquéllos y desde luego a sus conceptos: en cuanto a los ingresos, su análisis indica, acaso como ningún otro factor, la incidencia que los más extensos sectores de la población pudieron tener en los círculos del gobierno. Se debe aceptar que el importante porcentaje que los derechos aduaneros representaron en el conjunto de los recursos fiscales nacionales entre 1900 y 1930.no constituían un síntoma de que las costumbres democráticas habían penetrado profundamente en esas capas. Los derechos aduaneros, en su condición de impuestos indirectos, gravan al consumo y en consecuencia lo hacen en forma más pesada sobre las clases más pobres, eran después de la primera guerra, que había contribuido eficazmente a la transformación del comercio internacional, un impuesto regresivo. En 1918 los impuestos. Aduaneros representan todavía el 49,3 de los recursos fiscales; y en 1924, cuando éstos se hallaban duplicados con respecto a los del año 1918, los aduaneros representaban el 59% de aquéllos; en 1929, por fin, el régimen impositivo vigente en la Argentina, era aún de contextura tan primitiva que los impuestos aduaneros representaban el 55,5% sobre una recaudación de 760 millones de pesos.
Alejandro Bunge, en su ya citado libro “Una nueva Argentina”, ha tratado de relacionar las cargas fiscales al valor de la producción. Hasta 1985 no supo el país cuánto medía su renta nacional: Bunge inició los estudios tendientes a lograr su determinación midiendo el valor de la producción a partir de 1910.Ese año esta última valía 2.280 millones de pesos; creció gradualmente hasta su máximo relativo durante los años 1919 y 1920 de 5.200 millones, y luego retomó su ritmo normal llegando en 1929 a 6.300 millones. Relacionadas las cargas fiscales con los sucesivos valores de la producción se puede establecer que aquélla comienza en 1910 por representar el 21% de esta última; desciende luego hasta un mínimo de 12,2 % en 1918 y crece de ahí con algunas alternativas hasta mantenerse en el 20%en 1929.
Lo exacto es que dichas cifras, y desde luego su relación, dicen muy poco consideradas independientemente del hecho que traducen. Tan negativo es un gobierno que dispone sus gastos discrecionalmente como el que los realiza con mezquindad; porque en definitiva gastos y recursos están íntimamente vinculados a la concepción política que informa y orienta su desempeño. Y éste depende de su composición orgánica. Los gobiernos que manejan al país entre 1900 y 1916 por ejemplo, carecieron de la vitalidad necesaria para sacarlo de esa rutina de las industrias agropecuarias y desde luego de las orientaciones y disposiciones dictadas por los capitales extranjeros afectados a esa actividad. El país absorbía ferrocarriles, quemaba carbón, consumía electricidad, si el capital extranjero que podía realizar esos prodigios tenía interés en invertir.
Los que se inician en 1916, y se prolongan hasta 1930, no variaron fundamentalmente el régimen impositivo que mantenía al país atado a la importación; es decir, se resistieron a extender el ámbito del impuesto, nacionalizarlo en cierto modo, cargar su mayor peso sobre las actividades y sectores más pudientes; éste fue sin duda uno de sus gruesos errores; pero en lo referente a los gastos, cabe reconocer que si bien no abandonó totalmente el carácter pasivo atribuido entonces al Estado. Intentó abordar numerosos capítulos de la producción aun entrando a un terreno vedado por la teoría. Construyó muchos ferrocarriles en regiones que no podían producir de inmediato. Pero que andando el tiempo se transformaron en las zonas del algodón, del petróleo, de la yerba mate, de las frutas, etc.; abarcó el problema petrolífero con dignidad y acierto; afrontó por primera vez un plan de captación de la energía hidráulica destinada a electrificar gran parte del país; construyó puertos. No los mandó construir; impuso salarios mínimos y extendió el régimen de la jubilación. Los puntos de vista fueron pues. Muy distintos; es probable aun que la relación de cargas fiscales a la producción haya aumentado más de lo prudente. pero se debe expresar que estuvo en sus métodos y sus propósitos aumentar la producción más bien que reducir los gastos y desde luego aplicar éstos a fines productivos.
Los sectores que gobernaron al país durante esos años padecían de una notoria heterogeneidad; actuaban en un período de transformaciones profundas por cuya virtud el Estado argentino absorbía gradualmente funciones de mayor gravitación en el plano económico. No eran pues las capas inferiores de las clases medias las que tenían más influencia en el desarrollo de ese proceso, y acaso no podían tenerla porque el progreso de las industrias había sido tenazmente resistido y la posesión de la tierra no había experimentado, desde la incorporación de los primeros colonos, una difusión como para crear sectores muy extensos; el proletariado de las ciudades era además, de creación muy reciente, integrado en gran proporción por extranjeros y dominados por fuertes corrientes políticas. Las capas superiores de las clases medias, vinculadas al comercio y a las industrias agropecuarias ejercieron pues la función directriz e impusieron a ella el sentido de sus intereses. En ese momento eran las fuerzas progresistas y la prueba es que realizaron desde la propia sanción de la ley electoral una profunda renovación. Si ella quedó trunca, no debe imputarse tanto a la incapacidad organizativa de los sectores que dirigieron el movimiento y a las dificultades creadas a los sectores más populares para intervenir, cuanto al proceso mundial de recomposición del capitalismo, que al proceder a una nueva distribución de las zonas económicas, ejerció sobre las que cada rama pugnaba por absorber para sí, una presión incompatible con los desarrollos independientes intentados en diversos lugares del mundo, y desde luego en la Argentina.